El
régimen político mexicano tiene una probada y documentada capacidad
para distorsionar la voluntad popular expresada en las elecciones. El
escandaloso fraude “a la antigüita” perpetrado en 1988, la
manipulación digital de los sufragios efectuada en 2006 y la compra
masiva de votos a favor de Enrique Peña Nieto en 2012 son los
ejemplos más relevantes y catastróficos para el país, pero no los
únicos, de los métodos ilegítimos por los cuales el proyecto
oligárquico neoliberal ha mantenido el poder presidencial durante
más de un cuarto de siglo, complementados con guerras mediáticas
contra la oposición, cooptación de disidencias, campañas de terror
y hasta coerción armada a votantes en diversas regiones.
Pero
estos mecanismos adulteradores no son eternos; están sujetos al
desgaste propio del ejercicio del poder y especialmente a la erosión
de la credibilidad que causan las acciones del gobierno y de una
alianza electoral estratégica (aunque sus integrantes operen como
adversarios tácticos en algunos comicios locales) que descansa en un
pacto simple: mantener el modelo neoliberal, la corrupción y la
impunidad. A cada nueva elección, y conforme avanza en la
destrucción del país, la oligarquía neoliberal encuentra
dificultades multiplicadas para mantenerse en el control de las
instituciones, se reduce su margen de maniobra para desvirtuar el
verdicto ciudadano y se le incrementan los saldos negativos de los
comicios, tanto en derrotas como en fracturas cada vez más arduas de
resanar.
En
estas circunstancias es claro que mientras mayor sea el caudal de
votos de un frente opositor ajeno al pacto mencionado menor será la
capacidad del régimen para perpetuarse mediante un fraude. De allí
la importancia de sumar la mayor cantidad posible de fuerzas,
movimientos, organizaciones y personas a una propuesta de cambio de
régimen, no sólo para revertir los intentos de adulterar la
voluntad popular sino también para obtener un mandato con amplia
legitimidad y respaldo que haga posible desarticular las espesas
redes de complicidad y encubrimiento sobre las que descansa el
control institucional del grupo en el poder.
Pero
las razones por las cuales es necesario conjuntar un amplio espectro
opositor en torno a Morena de cara al proceso electoral de 2018 van
más allá de lo electoral: hasta noviembre del año pasado podía
pensarse en la perspectiva de un frente popular que retomara el
conjunto de las exigencias y reivindicaciones de los sectores
marginados y depauperados por el modelo neoliberal y gobernar para
todos desde una plataforma con un claro sentido social y popular. La
llegada de Trump a la Casa Blanca y la manifiesta ofensiva contra
México en la que está empeñado el nuevo gobierno de Estados Unidos
obliga a repensar esa perspectiva y a cohesionar al país a fin de
hacer frente a lo que se viene, lo que implica, a su vez, transitar
de la idea de un frente popular a un frente amplio en el que tengan
cabida sectores que hasta hace poco simpatizaban con (o formaban
parte del) régimen neoliberal. Sólo de esa manera es posible
auspiciar la necesaria unidad nacional que el actual gobierno está
manifiestamente incapacitado para impulsar.
Es
necesario, en suma, realinear a las fuerzas políticas, sociales y
económicas del país en torno a un programa de gobierno
diametralmente opuesto del que enarbolan quienes hoy en día hablan a
nombre del Estado mexicano.
Ciertamente,
ello obliga a los sectores populares a llevar el debate ideológico
al interior de ese frente en formación y a establecer acuerdos con
actores individuales y colectivos que hasta ahora les han sido
adversos. Ello no significa diluir el objetivo de la regeneración
nacional y mucho menos renunciar a él; se trata, en cambio, de darle
viabilidad electoral y, posteriormente, institucional.
No
son pocos los militantes de Morena que experimentan una marcada
incomodidad ante el caudal de adhesiones que empieza a registrar el
partido desde ámbitos políticos y empresariales que hasta ahora han
sido vistos como adversarios. Muchas de esas adhesiones se perciben
como acto de mero oportunismo y camaleonismo político y en algunos
casos tal percepción es reflejo fiel de la realidad. Toca a esos
militantes preservar los principios mediante la lucha de ideas, echar
mano de los mecanismos internos de fiscalización para impedir el
contagio de prácticas políticas impresentables y tener claro que
esta vez la unidad en torno a un proyecto político propio y opuesto
al de las presidencias neoliberales.
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