La Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) exige
al Senado que reincorpore a la iniciativa de reforma laboral las
previsiones en materia de transparencia y democracia sindical que le
fueron amputadas en la Cámara de Diputados por los priístas, con el
invaluable auxilio, en comisiones, del priísta de clóset Adolfo
Orive Bellinger, trágicamente convertido en diputado plurinominal
por los votos de la izquierda. La UNT agrupa a sindicatos
independientes y democráticos, como el de los trabajadores de la
UNAM, el de telefonistas y los de pilotos y sobrecargos y se opone a
las disposiciones realmente lesivas a los trabajadores: el pago por
hora, los contratos a prueba y la legalización de esa modalidad
contemporánea de tráfico de esclavos llamada subcontratación o
outsourcing.
La
postura de las cúpulas charras priístas es simétricamente
contraria: a la CTM, la CROC y sus dirigentes, respaldados por el
máximo dirigente priísta, Pedro Joaquín Coldwell, les tiene sin
cuidado que los obreros pierdan derechos y garantías, pero cierran
filas para defender la opacidad sindical y los tradicionales
mecanismos de sometimiento de los agremiados a los caciques impuestos
desde el poder público. Por eso amenazan con iniciar una huelga
general (no alcanza toda la risa del mundo para festejar el chiste)
en caso de que el Senado restituya los términos originales de la
propuesta en lo referente a voto libre, universal y secreto y
transparencia financiera en las organizaciones sindicales.
Podría parecer paradójico que el
calderonato, con la activa participación del golpeador Javier
Lozano, esté promoviendo esas medidas de democracia sindical que han
sido enarboladas por las izquierdas desde hace muchos años. No lo
es: el panismo aún gobernante heredó del PRI el control corporativo
de los sindicatos y se sirvió de él en tanto ejerció (o usurpó)
el Poder Ejecutivo. Ahora que va de salida, y una vez que el romance
político entre Calderón y la Gordillo terminó en pleito, el
panismo busca entregar al PRI un gobierno debilitado mediante la
supresión de los mecanismos de control sindical. Se trata de una
postura convenenciera y coyuntural. Sin embargo, mal harían las
izquierdas en dejar una de sus banderas históricas en manos de los
blanquiazules.
Que no haya confusión: el argumento de
que la democratización sindical es una trampa de la patronal para
intervenir en la vida interna de las organizaciones obreras es
insostenible por donde quiera que se le vea. Hoy la circunstancia es
propicia para impulsarla.
Aunque lo mejor, lo mejor, sería que
la propuesta de reforma laboral del calderonato fuese enviada a la
“congeladora” legislativa, que se mantuviera inalterada la Ley
Federal del Trabajo, que el Legislativo, por un mínimo decoro
democrático, convocara a una Consulta
nacional sobre legislación laboral, y que se abriera un lapso de
reflexión y debate sobre el papel del trabajo en la economía y en
la sociedad mexicanas. Bien puede esperar unos meses más la
modificación de una ley que ha permanecido inalterada más de cuatro
décadas. El país no tiene prisa. Los que andan apurados son Peña
Nieto y Calderón: el primero por cumplirle a sus verdaderos
patrones, que son las corporaciones empresariales extranjeras y
nacionales, y el segundo por instalar, antes de irse, un alfiler en
la silla de su presunto sucesor.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario