18.4.17

Duarte, misil prianista



Viene al caso porque Javier Duarte de Ochoa es una personalidad política que en algún momento fue el más valioso activo del PRI en Veracruz, el más firme aliado exopanista de Felipe Calderón en su perversa guerra genocida y el gran benefactor de sí mismo, claro, pero también de la delincuencia organizada.

Duarte pasó de ser el empleado más abyecto de Fidel Herrera al planchador-sucesor de trapacereías. Dueño de horca y cuchillo de su entidad, fue un anfitrión espléndido de los Calderón-Zavala, a quienes apapachó mucho más allá de lo que dicta la cortesía institucional, según consta en centenas de imágenes y decenas de videos que hoy estarán causando dolores de cabeza a los operadores encargados de limpiar Internet de vestigios incómodos. Llevó al paroxismo el modelo de concesión de la seguridad regional a los criminales, modelo que se implantó, en los hechos, durante el calderonato, y que le costó al país más de 120 mil muertos y 20 mil desaparecidos.

En correspondencia Calderón estuvo perfectamente al tanto de los desvíos multimillonarios del veracruzano –él mismo lo confesó el día en que presentó a Yunes Linares, el siguiente en la serie de sátrapas– y no hizo nada porque, según él, “fuimos detenidos por la maquinaria judicial, que nos prohibió seguir adelante”. Vaya. Calderón, que en el episodio del michoacanazo envió a la cárcel a muchos inocentes pero luego no encontró en todo el catálogo de facultades presidenciales ningún recurso para controlar el saqueo de las arcas públicas que perpetraba en sus narices un flagrante culpable.

La verdad es extraoficial pero pública: Calderón no actuó porque una parte de esos desvíos estaban destinados a asegurar –mediante la compra masiva de votos– una sucesión presidencial pactada entre el PAN y el PRI, y desenmascarar, investigar o perseguir al gobernado veracruzano habría implicado atentar contra el eslabón más delicado de la impunidad transexenal.

Desde luego, Duarte de Ochoa fue soldado incondicional de su propio partido cuando éste se propuso recuperar la presidencia que le había cedido en préstamo a Acción Nacional. El entonces candidato Enrique Peña Nieto no tuvo reparo en elogiarlo, junto con otras alhajas tricolores –César Duarte, Roberto Borge–, como representante de “la nueva generación de priístas” que habría de dejar atrás las miserias históricas de esa organización política.

Una vez instaurado a la mala, el peñato retribuyó a Duarte con recursos millonarios (algunos de ellos, entregados por Alfredo del Mazo, quien ahora jura que no es su amigo, por más que lo haya llamado así de manera pública) y con plena tolerancia a las atrocidades que el poder ejecutivo de Veracruz permitía o perpetraba. Si Duarte se mantuvo casi hasta el final de su periodo, ello fue posible gracias al empecinamiento del gobierno federal priísta en mantenerlo en el cargo. Y cabe preguntarse cuántas fosas clandestinas y cuantas arcas institucionales saqueadas le habrían ahorrado a los veracruzanos si hubiera actuado con un mínimo decoro y un poco de apego a la legalidad.

Pero la pudrición causada en la entidad costeña por su gobernador fue de tal magnitud que acabó por descomponer la propia figura del gobernante hasta el punto en que a la Presidencia que lo protegía y a los poderes fácticos a los que beneficiaba les resultó imposible mantener aquella alianza por más tiempo. Inició entonces la operación de lavado de manos, desinfección de muebles y deslindes políticos. Miguel Ángel Yunes, un hombre tan escrupuloso como su antecesor, quien ostenta una más añeja pertenencia al régimen (en cualquiera de sus patentes electorales) y es por ello viejo conocedor de sus mañas, urdió un plan genial: ya que Duarte había llevado tan lejos las prácticas delictivas y corruptas del grupo en el poder, había que volverlo depositario de toda la inmundicia y convertirlo en un arma arrojadiza en contra de la verdadera oposición. Toda una arma bacteriológica.

Así, el año pasado Yunes Linares inventó que Duarte financiaba las campañas políticas del Movimiento de Regeneración Nacional, y echó a andar la calumnia con gran bombo mediático y ninguna prueba sólida. A lo que puede verse, el peñato le compró la idea. La milagrosa localización y la captura pascual de Duarte en Guatemala apunta a un doble propósito: por una parte, aparentar que algo –aunque sea algo– se hace para combatir la corrupción y, por la otra, usar al ex gobernador en desgracia como un misil de lodo en contra de López Obrador. El arma podría llamarse “Desafuero II”.

Ahora falta que la sociedad les crea.

11.4.17

Sometidos a Trump

La propaganda del PRI cuando Tomás Yarrington era su candidato a gobernador de
Tamaulipas


El domingo pescaron a Tomás Yarrington en Florencia, Italia. Es uno de esos pocos casos en los que los grupos en el poder actúan de manera precavida, se deslindan de uno de sus mafiosos, se adelantan a fincarle responsabilidades y evitan, así, daños políticos mayores. Desde 2012 la PGR emitió una orden de aprehensión del ex gobernador tamaulipeco. Otra cosa es que haya existido, o no, la voluntad para cumplirla; el lustro transcurrido desde que se giró la orden de captura hasta la detención del individuo hace pensar que no, como no parece haberla en los casos de los Duarte y manifiestamente no la hay en el de Borge Angulo.

Otros ex funcionarios han sido apresados en días recientes por la policía de Estados Unidos. El más conocido es Édgar Veytia, quien fue capturado cuando aún se desempeñaba como fiscal general de Nayarit, el 23 de marzo, en San Diego, por acusaciones de narcotráfico. Unos días más tarde cayó preso en Phoenix Carlos Manuel Villalobos Organista, ex senador panista, acusado de desviar presupuestos destinados a seguridad, educación y salud cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés Elías, en Sonora. También se dio a conocer que un individuo que sirvió como enlace entre la Policía Federal mexicana y la DEA estadunidense, identificado únicamente como “Iván N.”, se entregó a principios de mes a la fiscalía de Chicago para responder por cargos de obstrucción de acciones de inteligencia y vinculación con un grupo delictivo.

Tanto los ex funcionarios detenidos por Washington como los delincuentes sin cargo oficial que han sido capturados o entregados en extradición por el gobierno de Peña Nieto (el más prominente es El Chapo) aportan a la administración de Donald Trump una masa de información sobre los entresijos de la corrupción en México, las complicidades entre funcionarios y grupos delictivos y la inoperancia deliberada de los organismos supuestamente encargados de procurar justicia y responsables, en los hechos, de procurar impunidad.

Washington tiene otras fuentes y otros métodos para hurgar en la criminalidad gubernamental al sur del Río Bravo. Un caso conocido es el espionaje sistemático, masivo y de alta tecnología aplicado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) sobre funcionarios y políticos de diversos niveles. Por ejemplo, como parte de la información obtenida por Edward Snowden, el 1 de septiembre de 2013 se dio a conocer un documento interno de esa dependencia en el que se informaba que en dos semanas de “esfuerzo intensivo” de espionaje, la NSA había conseguido 85 mil 489 mensajes de texto intercambiados entre Peña Nieto (por entonces, candidato presidencial) y nueve de sus más cercanos colaboradores. El documento filtrado por Snowden era una presentación interna para instruir a empleados de la NSA en las técnicas del espionaje digital y sólo especificaba, como ejemplo, el contenido de dos de esos mensajes. Otra revelación obtenida gracias a Snowden es que la inteligencia militar estadunidense también consiguió información interna “lucrativa” a partir del hackeo de la cuenta decorreo de la Presidencia de México en el sexenio de Calderón.

Entre espionaje y confesiones de delincuentes presuntos o confesos capturados por Estados Unidos, el gobierno de ese país ha logrado hacerse con una formidable capacidad de chantaje sobre los gobernantes mexicanos del PAN y del PRI, ejecutores serviles de los dictados económicos, políticos y estratégicos de Washington en nuestro país.


Tal circunstancia no sólo explica la plena sumisión de tales gobernantes a los dictados del norte sino también la preferencia de Trump, recientemente expresada vía su secretario de Seguridad Interior, John Kelly, por un nuevo gobierno panista o priísta a partir de 2018: no otra conclusión puede extraerse de lo dicho por éste y por el senador John McCain en el sentido de que no quieren en México un presidente de izquierda. La administración republicana desea que el vecino del sur sea gobernado por alguna fórmula “conocida”, es decir, alguien de quien pueda lograr docilidad mediante datos comprometedores. En suma, aunque las candidaturas priísta y panista de cara a 2018 aún no se han definido, es claro que estarán de antemano sometidas a Donald Trump.

Margarita Zavala se entrevistó con John McCain justo antes de que éste advirtiera
"el peligro de un presidente de izquierda" en México.

4.4.17

Edomex: la proeza posible


En el Estado de México el PRI ha puesto en juego el catálogo de mapacherías para impedir el triunfo de la oposición en las próximas elecciones estatales del 4 de junio: derroche de recursos públicos para repartir dádivas entre los electores, presencia intensiva de miembros del gabinete para hacer campaña por el aspirante del peñato, uncimiento a los intereses de la facción gubernamental de las decisiones de la autoridad electoral local y apoyo y aliento a candidatos sin ninguna posibilidad real de triunfo pero capaces de restar votos a la única candidatura de verdadera oposición: la de Delfina Gómez Álvarez.

Un componente adicional para desorientar y engañar a la voluntad popular es que en esta ocasión el grupo en el poder concurre al proceso electoral con dos candidaturas significativas: una explícita, la del Alfredo del Mazo, y una furtiva, la de Josefina Vázquez Mota, una funcionaria leal al régimen neoliberal, beneficiada durante tres años con subsidios presidenciales nunca bien aclarados, y que podría ser una suerte de “Plan B” en caso de que no surtan efecto todos los recursos empeñados para impulsar al representante oficial del jurásico de Atlacomulco y éste se vaya al fondo en las preferencias electorales.

Por el lado del PAN la reacción ha cerrado filas en torno a Josefina Vázquez Mota hasta el punto de que uno de sus más notorios malquerientes, Felipe Calderón, acudió entusiasta al lanzamiento de su candidatura. Las artes de la guerra sucia empleadas por el panismo en 2006 –la calumnia repetida hasta volverla tendencia de opinión, la siembra de pánico, la descalificación mercadológica– ya están siendo desempolvadas para aplicarlas en contra de Delfina Gómez, y no sólo por sus creadores originales sino también por la dirigencia priísta. Previsiblemente, esa clase de campaña crecerá y se intensificará conforme se acerque la fecha de los comicios y veremos una vez más cómo la inmundicia arroja pedazos de sí misma en contra de sus adversarios.

La corrupción, la violencia, el quiebre del estado de derecho, la impunidad, la pobreza y la marginación que caracterizan al Estado de México son, al mismo tiempo, la gran debilidad y la gran fortaleza del régimen ante estas elecciones: por un lado, es evidente que es en esa entidad en donde el régimen neoliberal ha alcanzado sus cotas máximas de inviabilidad, pero por el otro la extremada descomposición institucional y social genera un terreno propicio para operar los mecanismos de distorsión de la voluntad popular –desde el acarreo y la compra de votos hasta el manoseo cibernético de los resultados– y para cometer, al amparo de autoridades obsecuentes y omisas, toda clase de infracciones a la legalidad electoral y a la legalidad a secas.

Las posibilidades de vencer los operativos referidos y de impedir la perpetuación del régimen en la entidad –sea por la vía de Del Mazo o de Vázquez Mota– dependen, por un lado, de que para el grupo en el poder resulten más perniciosos que benéficos los saldos causados por décadas de sembrar pobreza, corrupción y violencia; por el otro, de la concreción orgánica del hartazgo y de una toma de conciencia masiva entre la ciudadanía mexiquense que se concrete en una insurrección cívica por la vía de las urnas: una proeza social y ciudadana posible.

Resulta fundamental en esta circunstancia comunicar que la recuperación del Estado de México para sus habitantes es una tarea posible, a condición de que los propios mexiquenses están dispuestos a emprenderla llevando a Delfina Gómez a la gubernatura. Debe entenderse que la lucha electoral de Morena no es por el cargo del ejecutivo estatal sino por hacer posible el acceso al gobierno a los sectores mayoritarios de la población y por poner a su servicio los organismos públicos que actualmente se encuentran al servicio de poderes fácticos legales o ilegales. Y es de gran importancia, asimismo, hacer ver a la ciudadanía la trascendencia de una derrota local del régimen en el escenario nacional. En efecto, si se logra el triunfo de una candidatura realmente opositora al PRI en su principal semillero de sufragios, en la cuna del equipo que hoy detenta la Presidencia y en la raíz de su poder mafioso, la suerte del régimen para 2018 estará prácticamente sellada.

Ni los mexicanos ni los mexiquenses tienen porqué estar condenados a vivir bajo la podredumbre impune de los gobernantes ni en la pobreza, la informalidad, la violencia, los feminicidios, la resignación y el cinismo. Otra vida es posible.

28.3.17

“Lengua suelta”



“Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y [a]llegadas al gobernador. Y voy por ti gober. Atte: el 80.” Eso dice la cartulina que el asesino material de Miroslava Breach Velducea dejó en el lugar del crimen, en la Colonia Las Granjas, en Chihuahua capital, la mañana del 23 de marzo. O sea que el tipo no sólo fue ejecutor de un designio criminal sino también de una calumnia, porque Miroslava no era “lengua suelta”. En el habla popular esa expresión hace referencia a la fanfarronería, la indiscreción, la mendacidad o la delación y ninguno de esos defectos puede encontrarse en la persona ni en el trabajo de nuestra compañera asesinada.

La Miros era una periodista profesional y escrupulosa y escribía textos que tenían detrás investigación y documentación. Creía, sí, que la verdad debe ser hallada y difundida por un elemental principio de salud pública aplicable a Chihuahua, a México y al mundo. A esa norma de conducta debieran atenerse no sólo los informadores sino todas las personas a fin de establecer un piso mínimo de confianza, indispensable, a su vez, para hacer posibles el gobierno, la comunicación, el comercio, la industria, la impartición de justicia, el arte, el deporte, la religión, la amistad y el amor; es decir, para que la sociedad funcione.

Las conductas antisociales, por su parte, se perpetran mediante la simulación, la ocultación, la demagogia y la mentira. Aunque hay excepciones, los gobernantes corruptos no pueden realizar sus chanchullos a la vista de todo el mundo, los ladrones operan de manera furtiva, los logreros y vividores son fuentes inagotables de falsas promesas y los asesinos ocultan su identidad, ya sea en el anonimato con el que cometen sus crímenes o parapetándose en complicados mecanismos institucionales que obstaculizan la tarea de establecer un nexo directo entre ellos y sus acciones. Por eso la tarea del periodismo no es únicamente dar cuenta de sucesos relevantes que las audiencias desconocen por la mera ausencia del lugar de los hechos sino también sacar a la luz asuntos que los poderes fácticos (políticos, empresariales, delictivos, mediáticos) esconden u omiten en forma deliberada.

Ese era el trabajo que realizaba Miroslava Breach. Por eso la mataron.

Hay dos canciones que se llaman “lengua suelta”. La primera es obra de Pepe Aguilar, fue lanzada en 1993 y cuenta la historia de un tipo inflado por su más reciente conquista amorosa que va a la cantina y le platica todo al cantinero, quien resulta ser el marido y le mete cuatro plomazos al hablantín. Otra, mucho más reciente, es del autor e intérprete de narcocorridos Lenin Ramírez, El Fantasma, y recrea un diálogo entre un hombre que está a punto de ser ejecutado y su verdugo (“dime qué sientes / estar en la silla con pendiente / estando yo sonriente / Ya estás purgando / todavía no te amarro las manos / pinche desgraciado”), el cual le reclama una delación. Pero la Miros no era ni indiscreta ni fanfarrona y tampoco delatora. No andaba de chismosa sino que difundía públicamente sus hallazgos en reportajes bien investigados. Y no traicionó a nadie. La delación no es una denuncia sino una traición que supone la ruptura de una complicidad. Su trabajo era, simplemente, contar la verdad.

Pensándolo bien, en un país en donde la mentira, la simulación, el encubrimiento, la traición y la demagogia son gobierno –en los tres niveles–, la verdad difundida amerita una sentencia de muerte. Hoy por hoy el principio de procuración de justicia y la abolición de la pena capital se han convertido en dos más de las infinitas mentiras en las que está enredado el Estado. El sexenio de Calderón dejó más de 120 mil muertes violentas y el de Peña llevaba casi 80 mil a fines del año pasado.

Pero hay que seguir hablando con verdad porque si no esto no va a terminar nunca. La verdad es la base de la toma de conciencia y ésta precede necesariamente a la acción política y social que se requiere para llevar al régimen no al imaginario cementerio de Cocula o a las muy reales fosas de Jojutla o San Fernando –como lo hace el propio régimen con la verdad, con sus víctimas y con las de sus protegidos, cómplices y operadores– sino al basurero de la historia.

Y una verdad particularmente poderosa es que sí, sí es posible construir un país en el que haya justicia efectiva para las víctimas de Aguas Blancas y de Acteal; del Lote Bravo y Lomas de Poleo; de Atenco, Salvárcar, Allende y San Fernando; de Tlatlaya y de Iguala; un país en el que sus habitantes –sean o no “lenguas sueltas”– puedan vivir sin el riesgo permanente de ser asesinados.

Te queremos, Miros.



28.2.17

La respuesta está en el pueblo


(Respuesta fraternal, junto con un abrazo, al artículo de Guillermo Almeyra “Sobre frentes y alianzas” del 26 de febrero de 2017, réplica a mi texto “Hacia un frente amplio”.)

Si Morena fuese exclusivamente un partido político electoral, y si su único y último propósito fuera llevar a su principal dirigente a la Presidencia, muchos no militaríamos allí. Es claro que la institucionalidad electoral mexicana está diseñada para uniformar, uncir y desvirtuar a cualquier corriente opositora organizada en partido con registro. Así ha ocurrido con formaciones de izquierda que acabaron como aparatos burocráticos sin más horizonte que los intereses de sus dirigentes, agencias de colocaciones y comodines electorales para aceitar el juego de las alianzas.

Además, la mera conquista del poder formal no garantiza la consecución de un programa de reconstrucción política, económica y social como la que el país requiere con urgencia y que es condición indispensable para iniciar la construcción de una nueva sociedad. Para avanzar en ese rumbo se debe impulsar las luchas, las causas, las resistencias y los movimientos populares, lo que implica trabajar con, desde y para las autonomías, las horizontalidades y las marginalidades. Es allí donde se piensan y diseñan los posibles trenes de aterrizaje del anticapitalismo.

Sería espléndido que estuviera en construcción una instancia de coordinación de todas las causas sociales, ciudadanas y populares al margen de la formalidad institucional y capaz de disputarles el poder o, al menos, que hubiera posibilidades concretas de emprender tal construcción. Pero no parece probable que pudiera surgir en el México actual un equivalente del Soviet de Petrogrado. Y a falta de ese polo, las causas, los pueblos, los sindicatos, los movimientos sociales y las insurgencias locales permanecen aisladas unas de otras, vulnerables, siempre bajo los riesgos de la derrota represiva, la neutralización y la cooptación. Por sí mismos, esos movimientos no están en capacidad de plantearse como alternativa al régimen.

Desde luego, Morena no es ni pretende ser un partido de clase, pero el núcleo de su plataforma procede de las causas mencionadas y para instaurar una política de Estado que les sea favorable recurre, como medios, a la vía electoral y a las alianzas. El partido no acude a las luchas de abajo en busca de votos; quiere los votos de la ciudadanía en general para dar a esas luchas acceso a posiciones de poder.

En un caso personal, ha sido por medio de Morena que el que escribe ha podido conectarse con la CNTE y los trabajadores de la Salud, con la Asamblea Popular de Tixtla, con comunidades de la Sierra Norte de Puebla y de la Meseta Purépecha, en Michoacán, con movimientos urbanos en resistencia a megaproyectos, con presos políticos de Oaxaca, con las comunidades heroicas de Nochixtlán e Ixmiquilpan, entre otras.

La articulación con luchas de esa clase es la única garantía de que una alternativa progresista se mantenga fiel a su ideario, tanto en la oposición como en caso de que gane una elección presidencial, logre defender su triunfo y acceda al gobierno.

Sin duda, es inevitable que entre un movimiento popular (local, regional o nacional) y un partido nacional se presenten colisiones, como ocurrió en torno al famoso “punto 6” del décalogo en defensa de México que planteó AMLO en enero pasado y que reseñó en estas páginas nuestro colega Gilberto López y Rivas. Tengo para mí que más fácil será gestionarlas y solucionarlas mientras mayor y más estrecha sea la articulación entre Morena y las causas sociales, y mientras más amplia sea la capacidad de éstas para conformar polos de poder popular.

Ciertamente, en tanto que organización pluriclasista, al partido no le toca saldar contradicciones entre clases a favor de una de ellas sino resolver conflictos y conformar consensos entre sectores sociales y lo hace, al menos, sin pretender el sometimiento o aplastamiento de los jodidos, sino buscando anteponer los intereses de la mayoría a los de la minoría.

* * *

Hoy se cumple un año del asesinato aún impune del doctor Venancio Queupumil Cabrera en Cuautitlán Izcalli. Mapuche de sangre, mexicano por adopción y comunista de convicción, dedicó su vida a luchar por los derechos y por la salud de los condenados de la tierra. Por ello sufrió persecución de la dictadura pinochetista y debió abandonar su Chile natal. Se formó profesionalmente en La Habana y en México combinó el ejercicio de la medicina con la militancia en la organización Rumbo Proletario. La pudrición político-delictiva que padece el Estado de México se cobró la vida de un hombre grande y bondadoso y hasta la fecha no hay justicia.




21.2.17

Hacia un frente amplio

El régimen político mexicano tiene una probada y documentada capacidad para distorsionar la voluntad popular expresada en las elecciones. El escandaloso fraude “a la antigüita” perpetrado en 1988, la manipulación digital de los sufragios efectuada en 2006 y la compra masiva de votos a favor de Enrique Peña Nieto en 2012 son los ejemplos más relevantes y catastróficos para el país, pero no los únicos, de los métodos ilegítimos por los cuales el proyecto oligárquico neoliberal ha mantenido el poder presidencial durante más de un cuarto de siglo, complementados con guerras mediáticas contra la oposición, cooptación de disidencias, campañas de terror y hasta coerción armada a votantes en diversas regiones.

Pero estos mecanismos adulteradores no son eternos; están sujetos al desgaste propio del ejercicio del poder y especialmente a la erosión de la credibilidad que causan las acciones del gobierno y de una alianza electoral estratégica (aunque sus integrantes operen como adversarios tácticos en algunos comicios locales) que descansa en un pacto simple: mantener el modelo neoliberal, la corrupción y la impunidad. A cada nueva elección, y conforme avanza en la destrucción del país, la oligarquía neoliberal encuentra dificultades multiplicadas para mantenerse en el control de las instituciones, se reduce su margen de maniobra para desvirtuar el verdicto ciudadano y se le incrementan los saldos negativos de los comicios, tanto en derrotas como en fracturas cada vez más arduas de resanar.

En estas circunstancias es claro que mientras mayor sea el caudal de votos de un frente opositor ajeno al pacto mencionado menor será la capacidad del régimen para perpetuarse mediante un fraude. De allí la importancia de sumar la mayor cantidad posible de fuerzas, movimientos, organizaciones y personas a una propuesta de cambio de régimen, no sólo para revertir los intentos de adulterar la voluntad popular sino también para obtener un mandato con amplia legitimidad y respaldo que haga posible desarticular las espesas redes de complicidad y encubrimiento sobre las que descansa el control institucional del grupo en el poder.

Pero las razones por las cuales es necesario conjuntar un amplio espectro opositor en torno a Morena de cara al proceso electoral de 2018 van más allá de lo electoral: hasta noviembre del año pasado podía pensarse en la perspectiva de un frente popular que retomara el conjunto de las exigencias y reivindicaciones de los sectores marginados y depauperados por el modelo neoliberal y gobernar para todos desde una plataforma con un claro sentido social y popular. La llegada de Trump a la Casa Blanca y la manifiesta ofensiva contra México en la que está empeñado el nuevo gobierno de Estados Unidos obliga a repensar esa perspectiva y a cohesionar al país a fin de hacer frente a lo que se viene, lo que implica, a su vez, transitar de la idea de un frente popular a un frente amplio en el que tengan cabida sectores que hasta hace poco simpatizaban con (o formaban parte del) régimen neoliberal. Sólo de esa manera es posible auspiciar la necesaria unidad nacional que el actual gobierno está manifiestamente incapacitado para impulsar.

Es necesario, en suma, realinear a las fuerzas políticas, sociales y económicas del país en torno a un programa de gobierno diametralmente opuesto del que enarbolan quienes hoy en día hablan a nombre del Estado mexicano.

Ciertamente, ello obliga a los sectores populares a llevar el debate ideológico al interior de ese frente en formación y a establecer acuerdos con actores individuales y colectivos que hasta ahora les han sido adversos. Ello no significa diluir el objetivo de la regeneración nacional y mucho menos renunciar a él; se trata, en cambio, de darle viabilidad electoral y, posteriormente, institucional.


No son pocos los militantes de Morena que experimentan una marcada incomodidad ante el caudal de adhesiones que empieza a registrar el partido desde ámbitos políticos y empresariales que hasta ahora han sido vistos como adversarios. Muchas de esas adhesiones se perciben como acto de mero oportunismo y camaleonismo político y en algunos casos tal percepción es reflejo fiel de la realidad. Toca a esos militantes preservar los principios mediante la lucha de ideas, echar mano de los mecanismos internos de fiscalización para impedir el contagio de prácticas políticas impresentables y tener claro que esta vez la unidad en torno a un proyecto político propio y opuesto al de las presidencias neoliberales.

7.2.17

Unidad: con quién y para qué


Unidad nacional” es el mantra del momento entre quienes han instigado y consumado la mayor fractura nacional en décadas: la generada por las reformas estructurales, con la educativa y la energética, en primer lugar. “Unidad”, claman los políticos y funcionarios que incendiaron al país con el gasolinazo del mes pasado. “Patriotismo”, exige, en su fiesta de Querétaro, el grumo de partidos que ha gestionado los episodios más recientes de claudicación nacional. Unidad y patriotismo son ahora los productos de temporada, las marcas registradas comercializables recién descubiertas por los sectores políticos y empresariales que han exacerbado la división de México entre un puñado de magnates y una mayoría de miserables, los que han traducido al español mexicano los dictados de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, y los que en el pasado reciente elaboraron coartadas para justificar la violencia genocida en la que Felipe Calderón sumió al país.

Quienes han hecho carrera promoviendo en México los antivalores neoliberales de rentabilidad, competencia y productivad; los que por décadas entonaron alabanzas al proceso de integración supeditada del país a la economía estadunidense; quienes han impulsado una modernización sangrienta, antipopular, generadora de pobreza y marginación; los que han exigido e instrumentado acciones de represión en contra de los movimientos sociales; quienes han pedido mano dura contra la delincuencia mientras se dejan consentir en los salones controlados por delincuentes de cuello blanco; los que han buscado criminalizar a los estudiantes de Ayotzinapa, a los profesores de la CNTE, a las comunidades en resistencia; los telectuales que han descalificado como “populismo” las luchas en defensa de los intereses nacionales; quienes querían mantener en la cárcel a Nestora Salgado; esos cuyos servicios a un poder público lacayo les ha sido generosamente recompensado con contratos y prebendas; los mexicanos a los que les resulta ajena la crisis habitacional en el país porque poseen residencias de lujo en Estados Unidos; esos que han medrado con la obsecuencia de gobiernos que entregaron al extranjero las riquezas del subsuelo y las empresas antaño de propiedad pública; Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, que vendieron o regalaron el mercado nacional, la independencia diplomática, la soberanía, la seguridad nacional y la estructura energética de México a las necesidades e intereses de las transnacionales, hoy medran con los impulsos nacionalistas y con la indignación social provocada por las arremetidas antimexicanas de Donald Trump. Y las diversas caras y logotipos de la antipatria política, empresarial, mediática e ideológica, convocan en defensa de la patria a una sociedad a la que por décadas han traicionado, defraudado, saqueado, manipulado, empobrecido, mentido y masacrado.

Los más recientes episodios de esta indecencia son el enésimo llamado de Peña a la unidad, ahora “en torno a la Constitución” y la marcha “apartidista, pacífica y respetuosa” en rechazo a las iniciativas del gobierno estadunidense y en demanda de “buen gobierno”. El primero es un nuevo intento por legitimar las reformas estructurales que representan la más reciente adulteración al pacto social expresado en el documento constitucional; el segundo viene siendo un nuevo ensayo de un conocido manojo de membretes de la derecha empresarial y antipopular, ahora agrupada en una cosa denominada Vibra México, por capitalizar el justificado enojo que cunde en el país en contra de la administración Trump. Tan descarado resulta ese oeneginismo reaccionario que ni siquiera se tomó la molestia de buscarle un sufijo “.org” a su página web, la cual puede encontrarse con el dominio corporativo “.com”. Es comprensible que universidades privadas se hayan sumado a la convocatoria. Pero, por razones que escapan al entendimiento, la rectoría de la UNAM aceptó agregar los nombres de esa prestigiosa institución pública a un conjunto de grupos facciosos y oligárquicos que buscan convertir la movilización en un nuevo instrumento de mercadotecnia o, cuando menos, de lavado de imagen.

Está difícil que desde el 12 por ciento de popularidad que se labró a pulso y con tesón, Peña logre encabezar algo más que la suma de las cúpulas que dominan de mala manera las instituciones y lo que queda de la economía; en cuanto al llamado a salir a las calles formulado por Vibra México, no se debe escatimar la cobertura mediática ni la estruendosa capacidad de promoción de que gozan las OAVG (organizaciones a veces gubernamentales) convocantes. Pero de seguro el país mayoritario ofendido, despojado, maltratado y reprimido, no estará allí.

2.2.17

México, ante el
bisonte furioso


Más de un siglo antes de que se echara a andar la globalización neoliberal los autores socialistas y anarquistas clásicos ya tenían claro que el capital no tiene patria y que para hacer frente a su internacionalización era necesario que la organización de la clase obrera brincara las fronteras nacionales. Con esa convicción se fundaron las primeras tres Internacionales. El internacionalismo proletario era praxis derivada de esa noción y hasta principios del siglo pasado era de obvio consenso que el remplazo del capitalismo por el socialismo tenía que ser una tarea mundial. Al fin de la Gran Guerra el recién nacido poder soviético esperaba ser rescatado por el ciclo revolucionario que tuvo lugar en Europa –especialmente, en Alemania– pero las revueltas obreras fueron aplastadas en todas partes y los bolcheviques se encontraron solos y rodeados de regímenes hostiles.

En esas circunstancias, en el otoño de 1924, Stalin presentó una idea que, si bien encontraba sustento en las condiciones de la Rusia soviética cercada, resultaba disparatada e incoherente para la lógica marxista y que contradecía hasta los discursos del propio Stalin de unos meses antes: construir el socialismo en un solo país. Las posteriores derrotas de varias revoluciones (Bulgaria, Alemania, China) se debieron, en buena medida, al aislacionismo estalinista y a su empeño en congraciarse con los gobiernos capitalistas, y tal vez esa incongruencia casi fundacional haya resultado determinante en el derrumbe final de la Unión Soviética, seis décadas más tarde.
Valga el breve recuento como un punto de referencia para comprender lo que Donald Trump pretende hacer, noventa años después, desde la presidencia de Estados Unidos: el neoliberalismo en un solo país, un oxímoron aun más grotesco, si cabe, que el del astuto y sanguinario dictador soviético. La doctrina neoliberal surgió en la posguerra, el siglo pasado, como un programa para llevar a sus últimas consecuencias la internacionalización de los capitales, lo que implicaba, entre otras cosas, la transferencia paulatina de potestades y funciones de los Estados a los consejos de administración de los consorcios internacionales y la demolición de las fronteras nacionales para el paso libérrimo de las mercancías y los servicios.

El Estado nación ya era un franco estorbo para la obtención de tasas máximas de utilidad y era preciso, si no suprimirlo, al menos reducirlo al mínimo y estricto aparato de control gubernamental, eliminando todo factor de socialización económica, redistribución de la riqueza y movilidad social. El proteccionismo, que buscaba asegurar mercados nacionales a las empresas y, de paso, empleos, fue visto como la bestia negra del pensamiento económico y la embestida en su contra formó parte esencial del llamado Consenso de Washington, un recetario acuñado en 1989 por el ideólogo John Williamson cuando ya el modelo neoliberal había sido implantado en el Chile de Pinochet, la Inglaterra de Thatcher y el Estados Unidos de Reagan-Bush.

Trump es, a no dudarlo, un neoliberal en la faceta más inhumana de esa doctrina: cree en la competencia desatada, en la desregulación total del mercado, en el achicamiento del aparato gubernamental y en la eliminación de los programas de bienestar social. Pero al mismo tiempo piensa que es posible sostener ese modelo suprimiendo el libre comercio, al menos el que atañe a los países con los cuales Estados Unidos tiene intercambios deficitarios, como China y México.

Lo que el trumpismo no tiene en cuenta es que, en el marco del libre comercio, la mano de obra de esas y otras naciones se ha convertido en un insumo fundamental para la propia economía estadunidense y que la transnacionalización de los procesos productivos (como armar celulares en China y automóviles en México) es una subvención que aporta competitividad a los productos de Estados Unidos en los importantes mercados de Europa y Asia. Asimismo, las importaciones baratas han permitido mantener a raya la inflación en el territorio de la superpotencia, y si bien quitan puestos de empleo en la industria, los crean en el comercio y en los servicios.

El proteccionismo exacerbado pudo ser un gran trampolín electoral para el magnate rubicundo pero en los tiempos que corren difícilmente puede aportarle una base sólida y estable para reformar la economía del país vecino o para recuperar la hegemonía que Estados Unidos ha perdido en el mundo en las últimas décadas. Más bien podría garantizarle un mal final, o sea, un conjunto de reacciones –sospecho que las que están teniendo lugar son sólo el principio– que termine por hacer inviable su presencia en la Casa Blanca.

En tales circunstancias, a menos de dos semanas de haber tomado posesión, tal vez el hombre, que desde precandidato presidencial ya se comportaba como un bisonte furioso, ande necesitado de una huída hacia adelante y piense en llevar la relación con México hasta el punto de la intervención militar en nuestro país con la que amenazó a Enrique Peña en una conversación telefónica, como lo indican diversos reportes de prensa. La historia es verosímil si se considera que el debilitado e impresentable presidente mexicano se ha convertido en el blanco favorito del bullying trumpista y que en contactos anteriores el gobierno nacional no ha sido capaz de actuar con la dignidad y la firmeza que estas bravuconadas demandan.

Los intentos de Peña por capitalizar a su favor los sentimientos patrióticos que afloran en México en el momento presente no van a permitirle recuperar algo del terreno perdido, ni ante la sociedad mexicana ni ante Trump. Éste ya tomó la medida de la extremada pusilanimidad de quienes gobiernan al otro lado del Bravo. Aquí no parece fácil, con un presidente que anda en 10 o 12 por ciento de aprobación, y cuyas reformas han creado una fractura sin precedentes en el país. Los exhortos gubernamentales resultan extraños en momentos en que la policía sigue agarrando a garrotazos a quienes protestan por el incremento a los precios de la gasolina y está fresca la revelación del encuentro que sostuvieron en Los Pinos Peña y Ricardo Anaya, líder del PAN, para cerrarle el paso a Morena (lo que en español mexicano quiere decir: hacer fraude en alguna de sus modalidades) en los comicios previstos para el año entrante.

Como en otros momentos históricos, México se encuentra ante la hostilidad del país más poderoso de la Tierra y sin un gobierno nacional digno de ese nombre. El destino de Trump es incierto y el del régimen neoliberal mexicano, también; estamos sin duda en meses y años críticos. La capacidad de resistir vendrá de la organización social y popular o de ninguna parte.



11.1.17

Saqueos de Estado



En tiempos de Peña Nieto la redistribución de la riqueza se realiza así: los priístas de arriba saquean el erario y mandan a los priístas de abajo a saquear el Chedraui.

La caricatura es ilustrativa de lo ocurrido en la primera semana de este año, cuando el pueblo se lanzó a manifestar pacíficamente su descontento por el brutal incremento al precio de la gasolina, una medida que favorece al grupo en el poder y a los intereses privados a los que la reforma energética cedió la industria petrolera pero que conlleva, de manera inevitable, un brusco deterioro del nivel de vida de la mayor parte de la población.

Las protestas fueron muy pronto seguidas por actos de rapiña y vandalismo que en su coordinación y precisión dejaron ver de inmediato la mano que mecía la cuna. A diferencia de los saqueos espontáneos perpetrados en momentos de oportunidad como inundaciones o terremotos, o de los que cometen masas desesperadas en circunstancias de carencia alimentaria, los ataques de días pasados a comercios establecidos fueron convocados en las redes sociales, dispusieron de transporte y logística, contaron con la protección de corporaciones policiales (como puede verse en diversos videos de dominio público) y, de acuerdo con numerosos testimonios, se ofreció a sus participantes recompensas en efectivo, además del botín que obtuvieran.

En forma simultánea, un enjambre de cuentas de Twitter conocidas por proferir amenazas de muerte en contra de diversas personas ocuparon su tiempo en propalar información falsa sobre supuestos episodios de violencia, particularmente en el Estado de México, con imágenes que en realidad provenían de lejanos conflictos bélicos. Esos mismos bots difundieron supuestos volantes de Morena con recetas para fabricar explosivos y otros llamados apócrifos a la violencia.

En diversos escenarios de protestas genuinas se recurrió al viejo guión priísta que Enrique Peña Nieto recuperó desde el primer día de su administración y que tiene viejas raíces en el Batallón Olimpia (1968) y los “Halcones” (1971): grupos de choque enviados por el poder público fueron infiltrados entre los manifestantes para crear confrontaciones con las fuerzas de seguridad. Uno de los casos más evidentes (consta en video) es el de Nogales, Sonora, en donde la intervención de un grupo de golpeadores culminó con disparos de armas de fuego de la policía estatal en contra de la multitud, y en el que de milagro no hubo muertos. En otros, como Ixmiquilpan, el régimen ni siquiera pasó por la provocación antes de lanzar una represión feroz en contra del pueblo insurrecto.

Los saqueos de Estado, las campañas para sembrar el terror en la sociedad y las infiltraciones de protestas pacíficas tienen todo el sello de un régimen que va más allá del PRI propiamente dicho y que ha incorporado como piezas orgánicas al PAN, al PRD y a otras patentes electorales y sin la participación del poder público no se explica la sincronía y organización con la que ha operado el vandalismo.

¿Para qué? Bueno, si no es para inhibir, desalentar, distorsionar y desvirtuar las extendidas manifestaciones de repudio mediante el terror, como en efecto se logró parcialmente en el Estado de México podría ser, como último recurso, para crear el escenario adecuado para estrenar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 e imponer un estado de excepción muy conveniente en tiempos en que el priísmo tiene ante sí la perspectiva de catástrofe electoral que el peñato ha construido con inaudita perseverancia. 

Paradójicamente, al empecinarse en reconstruir la presidencia priísta omnímoda, Peña Nieto se colocó a sí mismo como el jefe nato del partido tricolor con todo lo que eso conlleva: las redes clientelares y lumpenescas, los oxidados aparatos de control corporativo y los ya mencionados grupos de choque permanentes o ad hoc que desde 1968 han sido empleados para golpear en forma colateral a las protestas populares. 

Es pertinente, por ello, demandar al propio titular del Ejecutivo que se ponga fin a los saqueos, provocaciones, campañas de desinformación y siembras de pánico y que el gobierno respete escrupulosamente los derechos de la ciudadanía a la manifestación pacífica y a la libre expresión de su descontento. Con ese propósito se ha elaborado una petición en Change.org que puede consultarse aquí.

13.12.16

Zavala de Calderón


El sexenio pasado no sólo se caracterizó por la implantación de una violencia de Estado que aún persiste sino también por una corrupción inmensa que dejó un saldo no menos trágico que la narcoguerra. Más que en los petrocontratos de Juan Camilo Mouriño, el reparto de cargos a las huestes de Elba Esther Gordillo (empezando por el nombramiento de Miguel Ángel Yunes al frente del ISSSTE) o la Estela de Luz, esa corrupción se resume en tres letras: ABC. Y dos de los apellidos de Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón la involucran en ella: como esposa de un gobernante que permitió la subrogación de guarderías del IMSS a empresarios privados y como prima de una beneficiaria de esa disposición, Marcia Gómez del Campo, la cual, tras la indolencia criminal que el 5 de junio de 2009 desembocó en la muerte de 49 niños (otros 109 resultaron heridos en el incendio) se benefició de una impunidad inexplicable, como no sea por los parentescos.

Zavala de Calderón suele quejarse de que la opinión pública la asocie con su marido y le resulta particularmente molesto que la llamen “de Calderón”. Su desagrado alcanzó un climax cuando, acosada en Ciudad Juárez por ciudadanos indignados por su presencia, se refirió a su relación conyugal como un “estigma” que procurará borrar. Pero la molestia es relativamente nueva: en sus seis años como “primera dama” –cargo extraoficial pero poderoso, sobre todo en materia de trapicheo de contratos y concesiones en el sector público– jamás envió una nota aclaratoria a los medios que referían sus apellidos de esa forma ni a las páginas oficiales que ensalzaban sus virtudes.

Molestias aparte, Zavala de Calderón organizó el primer encuentro nacional de su corriente panista “Yo con México” –en el que confirmó su intención de competir por la Presidencia en 2018– la semana pasada, justo cuando el país recordaba los diez años del inicio de la narcoguerra impuesta por Calderón y que continúa hasta hoy. Si la ex “primera dama” realmente pretende un deslinde tardío, entonces la coincidencia de fechas deja ver una torpeza política inconmensurable. Pero el dato también puede interpretarse como un mensaje de continuidad en el que Zavala de Calderón ofrece otros seis años de guerra interna que, sumados al calderonato y al peñato, darían 18 años de un baño de sangre que algunos califican de estúpido, absurdo y contraproducente, y que otros consideran parte de un programa deliberado, impuesto al país por gobernantes sometidos a los intereses estadunidenses.

Me cuento entre los segundos. Calderón Hinojosa no llegó al cargo por la decisión popular sino que, tras el fraude de julio de 2006, fue incrustado en Los Pinos por la embajada de Estados Unidos, como consta en un despacho confidencial enviado por el ex embajador Tony Garza al Departamento de Estado. En ese tiempo George W. Bush desarrollaba el negocio de la destrucción y reconstrucción de países para colmar de utilidades a las empresas del círculo presidencial (Halliburton, Blackwater y demás) y tuvo en Calderón a un aliado sumiso y dispuesto a escalar un problema policial y de salud en una cuestión de seguridad nacional que justificara el desmesurado incremento del gasto militar, la firma de un acuerdo de cooperación (la Iniciativa Mérida) y el tránsito de las balaceras a los combates. Por añadidura, el régimen encabezado por el michoacano puso sin ningún escrúpulo la información y hasta la conducción de la seguridad pública en manos de Washington.

Además de los contratistas en seguridad e inteligencia, los principales beneficiarios de la guerra de Calderón han sido los propios cárteles del narcotráfico –los cuales vieron impulsado su negocio mortífero y lograron el control de grandes regiones–, así como las entidades financieras (principalmente, estadunidenses) que les lavan sumas estratosféricas de utilidades. Semejante entrega del gobierno, la soberanía, el territorio, la economía y la población a intereses foráneos y a grupos delictivos no fue cuestionada jamás por la ahora aspirante presidencial en los 72 meses en los que se lució como esposa del responsable máximo de aquel desastre.

En cuatro de esos seis años el calderonato obedeció a Obama y a su entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, la candidata presidencial estadunidense por la que Zavala de Calderón tomó partido en forma desembozada y con la cual, a la postre, se ejercitó en el arte de perder una elección sin ser candidata en ella.

Hay, pues, sobrados elementos para pensar que el retorno a Los Pinos de la familia Calderón-Zavala, ahora reformateada como Zavala-Calderón, representaría, inevitablemente, la continuación de una tragedia de la que México aún no ha salido.


8.12.16

Estampas del mancerato

● Milpa Alta huele a madera recién cortada
● El deprimente deprimido
● Helipuerto, muro de por medio




En febrero y marzo pasados unos vientos insólitos azotaron la Ciudad de México. Centenares de árboles fueron derribados por el fenómeno atmosférico en diversas delegaciones de la entidad, entre ellas Milpa Alta. Era preciso retirar los troncos caídos para evitar el riesgo de incendios y las autoridades otorgaron a los comuneros la autorización verbal para cortarlos y transportarlos a fin de que pudieran utilizar la madera. El permiso era requerido porque las actividades de explotación maderera (tala, aserraderos) están prohibidas desde 1947 en el territorio de la capital de la República (veda forestal). Pero los bosques de la sierra de Chichinautzin (que corre por las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta) son el oscuro objeto del deseo de depredadores. Ya en 2013 diversas dependencias de la autoridad local –Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Procuraduría General de Justicia (PGJ)–, así como la autoridad delegacional, habían emprendido diversas acciones contra talamontes y aserraderos clandestinos en Milpa Alta.

Pero dos años más tarde las autorizaciones para aprovechar la madera de los árboles derribados por las ventiscas sirvieron de paraguas para el retorno de los taladores. El olor a madera recién cortada envolvió la delegación y los camiones de tres y media toneladas, cargados de troncos mucho más robustos que los derribados por el viento, empezaron a circular sin ningún impedimento y en esta ocasión las autoridades no hicieron nada. La Sedema, la PAOT y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se revelaron como un manojo de siglas burocráticas sin voluntad alguna de defensa del medio ambiente. Arguyeron que el cuidado de los bosques era de competencia federal y las muy federales Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) voltearon hacia otro lado.

El problema no sólo es ambiental. Como ocurre en otras entidades del país, el negocio de la tala clandestina se asocia en automático con el narco. Uno y otro conforman una suerte de ciclo agrícola infernal: se tala una zona de bosque, se siembra con droga y al cabo de un tiempo los camiones bajan cargados de madera y droga. Además, los grupos delictivos aprovechan las zonas recién despejadas para establecer sus campamentos y aterrorizar desde ellos al resto de la población.

Los comuneros de diversos pueblos originaros de Milpa Alta coinciden en que individuos llegados de Michoacán se pasean con armas largas en total impunidad, cuidando sus negocios. Cuentan que sólo en la localidad de San Pablo Oztotepec, donde el general Emiliano Zapata estableció su cuartel general hace 102 años, hay en la actualidad 12 aserraderos clandestinos.

Y mientras el gobierno local lanza a sus policías a emprender cateos masivos en el centro de la ciudad en busca de celulares robados, en el extremo suroriente del territorio capitalino la depredación ambiental y la descomposición social se meten al Valle de México sin que nadie muestre interés alguno en ponerle freno.




El deprimente deprimido

¿Resolver un problema vial en la Ciudad de México? Fácil: cosa de abrirle paso al automóvil escarbando 14 kilómetros de túnel (aunque con la otra mano las autoridades se empeñen en volver imposible la circulación de vehículos automotores), partirle la existencia a media docena de colonias de clase media que alguna vez fueron apacibles (¿queda algún sitio apacible en este sufrido DF al que hasta el nombre le han cambiado para volverlo marca registrada?) y tirar un millar de árboles en una urbe que necesita, precisamente, más árboles y menos automóviles.

Desde el inicio los vecinos pidieron audiencias para demandar que se respetara a los árboles en la ejecución de la obra. Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno de Miguel Ángel Mancera, les dijo que sólo se talarían 600. La PAOT autorizó 680. A cada nueva reunión, las autoridades ofrecían detener la tala, pero por las noches talaban. La obra se extendió como metástasis por puntos no previstos en el proyecto ejecutivo, como Barranca del Muerto. Los habitantes interpusieron un amparo y lograron la suspensión definitiva de la devastación. El gobierno capitalino respondió con una artimaña legal: aceptó detener la tala, pero pidió al juez autorización para trasplantarlos, lo que en los hechos significa arrancar los árboles, no cortarlos, para ir a tirarlos por allí. En reunión con los vecinos, Mercado llegó a la burla: los vecinos podrían ir a visitar los árboles en cuanto éstos estuvieran instalados en su nuevo hogar.

Los colonos no se arredraron e interpusieron un segundo amparo ante el juez Ricardo Gallardo Vara, del 16° juzgado en materia administrativa. Éste aceptó el recurso, pero sin detener el trasplante y sin recibir a los quejosos.

La rúbrica de la opacidad: cuando los habitantes de las colonias arrasadas por la obra pidieron que se les mostrara el estudio de impacto ambiental del deprimido Mixcoac, se les informó amablemente que la Sedema lo había enviado a la reserva. De seguro es un asunto de seguridad nacional y se trata de impedir que los planos del túnel caigan en manos de terroristas islámicos.

Aquí, algunos momentos del ecocidio y de la resistencia vecinal:








Helipuerto, muro de por medio

Ante el desastre del tránsito urbano, agravado de manera notoria por los desatinos del mancerato, los ricos de entre los ricos han ido optando por trasladarse en helicóptero. La desigualdad en la movilidad: si a las clases medias se les insta a que se apeen del coche para montarse en la bicicleta, a los de la lista de Forbes se les tolera que se conviertan en señores de los cielos y que pasen zumbando por encima de los embotellamientos. Y, claro, las oficinas de Cadena Tres, construidas en un predio en el que antes había un expendio de muebles Hermanos Vázquez, rodeado por los cuatro costados por unidades habitacionales densamente pobladas, no podían funcionar sin un helipuerto.

Éste fue construido en la más absoluta ilegalidad y sin contar con las autorizaciones correspondientes de la administración local ni de la federal, amparado en una simple autorización para remodelar la vieja tienda. Se instaló una antena de 60 metros de altura, el helipuerto propiamente dicho y unos tanques de almacenamiento de combustible que colindaban –muro de por medio, literal– con el centro de distribución de gas natural de la Unidad Latinoamericana; en medio de once unidades habitacionales ocupadas por 22 mil familias.

Patricia Mercado salió al quite. En una reunión con representantes vecinales reconoció la inexistencia de autorizaciones para la obra (hay video del encuentro) pero, en vez de proceder a la clausura, les dio largas y les ofreció gestionarles una junta con la empresa. Rapidito, el gobierno de Mancera y la delegación Coyoacán extendieron cuanto papel fuera necesario para regularizar la aberración.

Falta un detalle: los helicópteros ya suben y bajan en medio de una olla de edificios situada a unos metros del cruce de Avenida Universidad y el Eje 10 sin que exista una autorización de la Dirección de Aeronáutica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y adivinen dónde está la solicitud correspondiente: pues en la reserva. Dónde más iba a estar.


15.11.16

¿Trump tiene la culpa?

Los ejercicios de abominación del presidente electo estadunidense, tan de moda entre la oligarquía y sus escribidores, son banales en el mejor de los casos o perversos, en el peor: buscan disimular el hecho de que México no está ante una situación de posible desastre porque ese individuo brutal haya decidido usar a nuestro país como payaso de las bofetadas de su campaña electoral sino porque sucesivos gobiernos nacionales nos colocaron en el riesgo de desempeñar ese papel. Y el riesgo se concretó.

Todo lo que pueda pasar pasará”, dice la implacable ley de Murphy. El advenimiento de posturas ultraderechistas y aun fascistas en la presidencia de Estados Unidos no era un escenario para nada descartable, y menos si el cálculo se hacía en tiempos del gobierno de Ronald Reagan, una administración belicosa y atrabiliaria que no dejó ir ninguna oportunidad para mostrar su hostilidad a México.

En esa época la camarilla neoliberal que se hizo con el control de Los Pinos en 1988, fraude mediante, se había fijado como misión entregar el país al saqueo de los intereses corporativos transnacionales mediante un programa cuidadosamente delineado de enajenación de los bienes públicos, destrucción de las instituciones y de toda forma independiente de organización social e integración subordinada de la economía nacional a la de Estados Unidos.

A cambio de los favores recibidos, los integrantes de esa camarilla recibirían, una vez retirados de la función pública, cargos generosamente remunerados en las corporaciones beneficiadas por la entrega de México o en organismos internacionales, así como manga ancha para saquear el erario con impunidad garantizada.

La demolición de la soberanía económica y política de México inició con la firma del Tratado de Libre Comercio (Salinas), prosiguió con la entrega de los bancos, ferrocarriles y otras empresas nacionales a entidades extranjeras (Zedillo), pasó por la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Fox), siguió con la Iniciativa Mérida (Calderón) y tiene su más reciente episodio en la reforma energética redactada por Hillary Clinton y aplicada por Peña Nieto, con la complicidad de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y otros socios menores del grupo gobernante.

La implantación del TLC conllevó una grave devastación del campo y la industria y la desaparición de incontables pequeñas empresas nacionales comerciales y de servicios y dejó a millones de personas sin recursos para subsistir. La catástrofe humanitaria así generada se canalizó en forma de un movimiento migratorio masivo hacia el país vecino que proveyó al campo, la industria y los servicios de Estados Unidos con un inapreciable subsidio en forma de mano de obra barata. La economía del país vecino recibió una inyección de competitividad frente a Europa y Asia en la forma de una fuerza laboral que puede ser explotada sin límite porque se encuentra en una total indefensión legal.

Adicionalmente, los gobiernos neoliberales conformaron en la frontera norte y otras regiones del país campos de explotación humana para que las empresas extranjeras, industriales, agrícolas, comerciales y de servicios, pudieran exprimir en territorio nacional a una mano de obra privada de derechos y mecanismos de defensa. Se crearon, de esa forma, millones de puestos de trabajo de ínfima calidad cuya existencia depende por completo del TLC.

Además, los sucesivos gobiernos neoliberales han permitido, por otra parte, la implantación de mecanismos extranjeros de supervisión del quehacer gubernamental (que vigilan el cumplimiento del catecismo neoliberal y voltean hacia otro lado ante actos de corrupción monumentales) y entregaron a Washington el manejo de la política migratoria nacional y de la seguridad nacional.

Deberían dejar de hacerse los tontos. Los responsables de la vergonzosa supeditación del país, de la expulsión de decenas de millones de connacionales y de su estado de extremada vulerabilidad en el territorio vecino no son Trump y sus hordas, sino Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, José Córdoba Montoya, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz Martínez, Agustín Carstens, José Ángel Gurría Treviño, Francisco Gil Díaz, Luis Videgaray Caso, Miguel Mancera Aguayo, Herminio Blanco Mendoza, Luis Ernesto Derbez, Jorge G. Castañeda, Ildefonso Guajardo, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Emilio Lozoya Thalmann, Jesús Reyes Heroles González Garza, Luis Téllez Kuenzler, Georgina Kessel Martínez y otros que ya no caben en la enumeración.
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Ilustración: “Masquerade”, por Alison E. Kurek.

10.11.16

Ganar soberanía



Ahora toca hacer frente a tiempos oscuros que tal vez remitan a la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca y el giro mundial hacia la destrucción bélica, el aplastamiento de libertades individuales, la paranoia policial generalizada y la cínica utilización del poder militar imperial para la consecución de los negocios del clan presidencial.

Pero, a diferencia de Bush, Donald Trump encarna las corrientes aislacionistas estadunidenses que depositan en la globalización el origen de todos los males y que, por ello, miran con recelo a la OTAN y a los acuerdos de libre comercio y sueñan con desvincular a la todavía superpotencia de sus más sólidos aliados y socios. Ya el empresario neoyorquino tendrá tiempo de responderse cómo emprender grandes aventuras militares (la amenaza sobre Irán es explícita) sin contar con coaliciones multinacionales que se definen, en última instancia, por la comunión de propósitos económicos. La promesa de Trump de reconstruir el esplendor estadunidense –que obliga, junto con sus arengas racistas, a recordar los demagógicos propósitos de restauración imperial de Mussolini y de Hitler– es imposible de cumplir porque si Estados Unidos ha sido capaz de sobrevivir a su propia decadencia ello se debe a su capacidad de descentralizar su propio poder y de construir un sofisticado aparato de colaboración política, económica, tecnológica y militar con potencias antiguas y emergentes y de poner esa red al servicio de los capitales transnacionales en general, no exclusivamente de los estadunidenses. La complejidad de esa construcción –indispensable para Washington– es incompatible con la manifiesta brutalidad del magnate, quien propugna el predominio mundial del empresariado de su país.

En lo que respecta a México y a los mexicanos, Trump representa una amenaza real. El ahora presidente electo ha alimentado el odio racista en contra de los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos, ha amagado con deportarlos en forma masiva; ha sido claro en su amenaza de imponerle a nuestro país, manu militari, el pago por la construcción de un muro divisorio. Además, se ha manifestado a favor de la revisión radical –si no es que de la derogación– del Tratado de Libre Comercio y de “llevar de vuelta” a su país a las empresas estadunidenses hoy en día instaladas en el nuestro. El acento electorero y demagógico de semejantes propósitos no logra ocultar su carácter como expresiones del genuino pensamiento del individuo que en un par de meses estará despachando en la oficina oval de la Casa Blanca.

Pero, sin llegar a minimizar el antimexicanismo de Trump como un mero conjunto de fanfarronadas, lo cierto es que sus acciones agresivas son difícilmente realizables. Puede esperarse un incremento cuantitativo de las deportaciones pero la expulsión generalizada de indocumentados exigiría un aparato administrativo y policial del que Washington carece y que le costaría un dineral a los contribuyentes. Lo más peligroso de la retórica racista del magnate no es lo que éste pueda hacer desde el gobierno sino que alimenta a los grupos supremacistas y antiinmigrantes, los cuales pueden verse alentados a emprender agresiones y hasta cacerías en contra de nuestros connacionales y de otros grupos de migrantes, particularmente los de credo islámico.

En el fondo, la idea de prescindir de la mano de obra indocumentada parte de la ignorancia de que ésta es un componente fundamental de la competitividad que le queda a la economía estadunidense frente a Europa yAsia. En este sentido, la política migratoria de la superpotencia es un mecanismo hipócrita para regular el astronómico subsidio que recibe de los países de origen de la migración en forma de un trabajo que se paga muy por debajo de su precio explotando la indefensión legal de los “sin papeles”.

Del famoso muro: ya fue construido en todos los tramos de frontera en los que la construcción era viable (cerca de un tercio de la línea de demarcación). Cercar miles de kilómetros de desiertos es una estupidez irrealizable en términos económicos y hasta topográficos a la que seguramente se opondrá la mayor parte de la clase política del país vecino, y la pretensión de obtener los fondos necesarios de las remesas de los mexicanos implica una operación administrativa y financiera tan complicada que el propio Obama la sintetizó con una expresión irónica: “suerte con eso”. En cuanto a la idea de imponer un gravamen de 35 por ciento a las importaciones desde México, se trataría, a fin de cuentas, de un impuesto interno, habida cuenta del grado de integración de los procesos productivos de numerosas transnacionales de origen estadunidense que operan en nuestro país.

Proyectado a México, el ideario aislacionista y chovinista electo conllevaría una grave afectación a los intereses de Estados Unidos, en primer lugar, y es razonable suponer, en consecuencia, que será frenado por los poderes fácticos empresariales de su país. Trump puede imprimir un freno al proceso de integración y hasta una reducción cuantitativa de los intercambios, pero no es probable que los consejos de administración y los legisladores le permitan una suerte de “usexit” del TLC o algo parecido.

Del lado mexicano la economía ya empezó a sufrir el efecto Trump y es probable que experimente una nueva y prolongada desaceleración para agravar un desempeño propio de suyo deplorable. Pero la súbita tendencia antiglobalizadora que está por llegar a Washington puede ser, en cambio, una oportunidad inesperada para reducir la dependencia económica y política con respecto al país vecino.

En lo inmediato, la victoria del magnate reduce en forma significativa el margen del infame Acuerdo Transpacífico, firmado por el régimen de Peña Nieto pero aún pendiente de ratificación. Asimismo, el problemón institucional que empieza a gestarse en Washington a raíz de la transición Obama-Trump obligará al poder imperial a centrarse en sus propios problemas y a descuidar su inveterado injerencismo hacia México.

La circunstancia sería ideal si tuviéramos de presidente a un estadista como Lázaro Cárdenas, pero el que está en Los Pinos hoy se llama Enrique Peña. Es trágico que nuestro país carezca en el momento presente de un gobierno nacional propiamente dicho, capaz de aprovechar la coyuntura para recuperar algo o mucho de la soberanía perdida y salir en defensa de esa porción de país a la que podría llamarse México del Norte: decenas de millones de connacionales dispersos en la geografía estadunidense y que más que nunca están en peligro. Pero lo que hay es una suerte de gerencia proconsular sin más proyecto que enriquecerse con dinero público, dar satisfacción a rajatabla a los intereses transnacionales y perpetuarse en el poder por los medios que sea. Lo peligroso para México es que la primera mitad del mandato de Trump coincidirá con el último tercio de un sexenio carente de más política exterior que el alineamiento servil y automático a los designios de Washington.

Aun así, el grado de distanciamiento que Trump logre imponer –y que tendrá efectos económicos perniciosos, sin duda– puede y debe ser aprovechado desde los movimientos sociales y desde la oposición política para ganar soberanía.
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Ilustración: mural “Paseo de Humanidad”, adosado al muro fronterizo en Nogales, Sonora, obra colectiva de Alberto Morackis, Alfred Quiróz y Guadalupe Serrano. Foto de Jonathan McIntosh.